Javier Oviedo, presidente de Sindemedilegal, criticó nuevamente que el Instituto nacional de Medicinas Legal y Ciencias Forenses sea la “cenicienta del sector justicia”. Expuso que la entidad exige una inversión general y un compromiso serio por parte del Gobierno y la rama.
La discusión actual se concentra en la necesidad urgente de ampliar las plantas de personal. Si bien esto es relevante, se enfrentan a un hacinamiento en caso de llegar nuevos trabajadores. Así que no basta con nombrarlos sino con asegurarles lugares de trabajos.
“Si vamos a hacer el soporte técnico y científico, necesitamos tecnología y un laboratorio de genética para poder responder a esa unidad”, apunta.
Otro aspecto fundamental son salarios. Los peritos del instituto se están yendo porque tienen bajos salarios. Por ejemplo, un patólogo puede alcanzar máximo 5 millones de salario en Medicina Legal, cuando externamente les cancelan entre 12 y 15 millones de pesos. El patólogo que requiere el instituto debe ser forense. Esto sucede con otras disciplinas en la entidad.
“Es un llamado a que no solo sea planta, necesitamos infraestructura, la mejora salarial y las tecnologías para poder responder”, señaló Oviedo.
