“Somos la cenicienta del sector justicia. Para el 2017, el Gobierno apropió un presupuesto de 12 billones para la atención de víctimas al conflicto armado. El Instituto tiene un papel especial en este tema, por la identificación de desaparecidos y la valoración integral del daño”.
Así describe Javier Oviedo Gutiérrez, presidente de Sindemedilegal, la situación de los trabajadores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, perteneciente al sector justicia. Actualmente la entidad cuenta con 2089 funcionarios y solo tiene presencia en el 10% de los municipios del país. En contraste, la rama judicial tiene 30.000 funcionarios y la Fiscalía General 25.000 funcionarios.
“Nuestro papel principal es el apoyo técnico científico a la justicia”, concretó Oviedo. “En los acuerdos del 2013, se adelantó un estudio con el DAFP y la administración, en el cual se estableció que para el 2014 habría un déficit de alrededor de 1.000 funcionarios para atender las labores en ese momento”.
Después de ese año aumentaron las labores pero siguió el mismo número de personal. Luego, el gobierno aportó 110 trabajadores. El acuerdo termina este año y quedan pendiente el resto de los funcionarios.
El nuevo reto es que el Gobierno se comprometió, como parte del proceso de paz, a asumir el posconflicto, en la tarea de identificación de los desaparecidos familiares de las víctimas del conflicto armado y la valoración integral de esas víctimas.
“El Instituto tiene el conocimiento y la experiencia para realizarlo, pero no la capacidad operativa para responder por ese gran reto. Las organizaciones sindicales con apoyo del DAFP, hicieron un estudio al cual el Ministerio de Hacienda dio el aval. Con un valor inferior a un billón de pesos proyectado a cinco años, se aumenta la planta del Instituto, se la infraestructura y apoyo la tecnológica para la atención en el posconflicto”, continuó el presidente de Sindemedilegal.
Frente a un panorama tan adverso, la propuesta de la organización sindical concentrada en el pliego de peticiones que está en proceso de negociación incluye varios puntos para solventar la crisis. Entre estos resaltan: solicitar a Minhacienda que aporte los recursos para realizar lo que el Gobierno se comprometió en La Habana; incrementar cobertura en los municipios, lo cual exige que los alcaldes cumplan con la construcción de morgues; y, por supuesto, la necesitada ampliación de la planta de personal.
Además, hay dos propuestas claves para ayudar a las finanzas del Instituto. Que el dinero que las aseguradoras retienen por el pago de las necropsias en accidente de tránsito correspondiente al SOAT se quedan, sea pasado para el presupuesto del Instituto. Y dos, actualmente, el cobro por las necropsias naturales en el Instituto se los pagan a las EPS, que los dirige a salud, cuando también debería ir al instituto.
Un último punto por mencionar es la modificación del Decreto 1042 de 1978 en cuanto al número y al tope de horas laboradas.
