Cada 28 de abril, desde el año 2003, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, espacio que permite una campaña anual de alcance internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno. Esta fecha, establecida por la Organización Internacional del Trabajo –OIT , fue elegida por el movimiento sindical mundial para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, siendo a la vez una fecha clave para la exigencia y reivindicación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo.
En Colombia, país miembro de la OIT, la situación laboral es cada día más acuciante, pues con una población cercana a los 46 millones de habitantes, el empleo en el sector terciario, es decir el correspondiente a la oferta de servicios a la sociedad, concentra a casi el 62% de la población, mientras que el sector primario concentra el 20% y el secundario el 18% de la población total del país, según información de la Organización. De estos, el censo de servidores públicos ha disminuido abruptamente, dando paso a la expansión de los empleados del sector privado y o contratistas por prestación de servicios, generando un panorama desalentador en materia laboral.
En nuestro país, un aproximado de 55.000 servidores públicos pertenecen a la rama judicial, de la que tan sólo 2000 hacemos parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que según el informe presentado por la OIT para este 28 de abril, titulado: “Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo”, es uno de los factores de riesgo psicosocial de los y las trabajadoras del mundo. Lo anterior, dado el exceso de cargas laborales que deben asumir los pocos funcionarios y que en nuestro caso particular, incluyen la carga emocional de atender los casos de las víctimas del conflicto colombiano y responder a todas las entidades públicas que así lo requieran.
Por su parte, la Secretaria General de la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), Rosa Pavanelli, subraya la importancia de que los sindicatos asuman un rol en defensa y reconocimiento de los derechos laborales de los y las servidores públicos, abriendo espacio a la capacitación, trabajando en la prevención de accidentes y enfermedades, a fin de disminuir las causas de estrés y riesgo laboral, que entre otras y sumada a la ya mencionada incluye: políticas de austeridad, cortes en el gasto público (lo que pone presión sobre los/as trabajadores/as que tienen que hacer más con menos); las relaciones personales y contacto físico con los usuarios; y la violencia de terceros a los que se ven expuestos los servidores públicos.
A esto se suman las consecuencias que esta problemática genera en la sociedad, entre las que se cuentan el detrimento del préstamo de calidad de los servicios públicos que son vehículo para la garantía de los derechos de los ciudadanos, la cual puede radicar en a falta de motivación de los/as trabajadores/as y de orgullo en su misión, dadas sus condiciones de malestar. Pero el impacto, más allá de afectar a la comunidad general, representa un peligro para los mismo trabajadores, que frecuentemente caen en la depresión, la fatiga, enfermedad, sentimiento de inseguridad, entre otras.
La importancia de atender este tema que pareciese tan común hoy en día, es que el estrés no es un trastorno a la salud sino el primer signo de una respuesta a un daño físico y emocional, lo que nos puede alertar de un riesgo psicosocial (peligros psicosociales) que exija cambios en el entorno laboral, las condiciones biológicas, medioambientales, estímulos externo o eventos. Para la OIT, “el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias”, por lo que exige también la reorganización y diseño del trabajo y las relaciones laborales.
Al respecto, la OIT promueve un modelo de “flexiguridad”, que propone nuevas maneras de equilibrar la flexibilidad y la seguridad en relación al empleo, los ingresos y la protección social, pero también estimula altas tasas de empleo. Sin embargo, afirma la OIT en su página web, “los altos niveles de flexibilidad no resolverán el problema por si solos, a menos que los trabajadores tengan suficiente seguridad sobre sus empleos e ingresos, a través de recontratación intensiva, programas activos del mercado laboral, y respaldo de sus ingresos, lo cual podría motivarlos a aceptar mayor movilidad y flexibilidad, y a facilitar su adaptación”.
Teniendo en cuenta la especificidad de esta problemática en el Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses, el Sindicato Nacional de Empleados del INMLCF, Sindemedilegal, continùa en su trabajo de defensa y promoción de los derechos laborales, prosigue con las asambleas informativas y de capacitación, realiza cabildeo para procurar mejores condiciones laborales y garantizar el bienestar de todos los empleados del Instituto.
Para más información, consulte los documentos de la OIT:
1. Estrés relacionado al trabajo: ¿cuál es el impacto en los servicios públicos?: http://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_475460/lang--es/index.htm
2. Informe “Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo”: http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_466549/lang--es/index.htm
